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¿Por qué Votar? |
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 18.06.07- La investigación social y los estudios de marketing político abundan en información, hipótesis (explícitas o implícitas) y conclusiones -si bien parciales- respecto a la intención de voto de los ciudadanos.
Así, complementariamente, de manera excluyente o estableciendo jerarquías entre opciones propuestas, se ha ponderado la relevancia que tienen para el votante, al momento de adoptar su decisión, aspectos tales como afinidad/identificación con los partidos políticos, ideología política, el perfil del candidato, la experiencia en gestión del mismo, territorialidad de su liderazgo, o sus relaciones con referentes políticos convenientes o confiables, alcance territorial del partido y su vinculación con el lugar de pertenencia del votante.
Todas estas dimensiones evaluativas, rotuladas por categorías de decisión generales, opacan la subjetividad política sustantiva del “ciudadano” y revisten en términos neutros las motivaciones, los intereses, los sesgos y las expectativas que orientan su acto de votar, y más aún el sentido que el acto eleccionario tiene para él.
 Paralelamente, se han considerado las bases sociales del voto. Compiten para explicar la decisión electoral el nivel de instrucción del ciudadano, su ingreso y ocupación, la clase social en la que clasifica o de pertenencia según su propia definición y las características estructurales de su espacialidad social (urbana, rural, grado de desarrollo, nivel de movilidad social, composición étnica).
También se incluye la cultura política y jurídica que caracteriza el contexto de socialización, es decir el medio en que se da nuestro aprendizaje social de ser con otros y el proceso de formación de nuestra personalidad social, valores y actitudes políticos, y conciencia de nuestros derechos y responsabilidades individuales y sociales.
Las bases sociales se entienden por tanto presentes en el trasfondo de las opciones y decisiones que adoptamos sobre, y para, el quehacer social, como así también permiten entender las definiciones que asignamos a nuestro papel y participación en el mismo. Si bien condicionan nuestras orientaciones de acción social, no lo hacen de manera necesariamente determinista; éstas son también resultado de cómo vivimos, seleccionamos, reflexionamos, y compartimos los múltiples y diversos acontecimientos que inundan nuestro diario vivir y hacer.
 Nuestros posicionamientos y comportamientos no son por tanto aleatorios, accidentales ni tampoco carentes del acto de reflexionar sobre los mismos antes y después de asumirlos y realizarlos. Consideramos entonces a qué hechos otorgaremos atención, porqué merecen o no nuestra preocupación, qué importancia ello tiene para cada uno de nosotros y para quienes habitan la misma sociedad. Más aún, graduamos y diferenciamos selectivamente nuestros esfuerzos y compromisos.
El hecho de votar o no, de elegir una u otra opción electoral que se nos presenta no es ajeno a esa selección y diferenciación que opera en cada uno de nuestros actos. Se dice que en este sentido ejercemos nuestra libertad y derechos, pero también nuestra responsabilidad y obligación.
¿Cómo entender esta conjunción de nociones aparentemente contradictorias entre sí –libertad y derechos; responsabilidad y obligación- en un mismo acto, el de votar, el de elegir? ¿Predominan unos de ellos respecto de los otros? ¿Qué importancia tienen para nosotros y cuál es el alcance individual y social que les asignamos? ¿Por qué debemos ocuparnos de aclarar el sentido, la significación de estos términos? ¿Es suficiente que yo pueda resolver el dilema de la tensión entre ellos? Si no lo es: ¿Qué y cómo hacer para que otros se dispongan a resolverlo? ¿Hay un solo modo de ver el problema, o cada uno puede tener alternativas respuestas? ¿Hay razón para exigir que una de éstas se imponga sobre otras posibles? Si no corresponde, ¿hay algún modo de que alcancemos algún acuerdo? ¿Mejoraría en algo nuestro presente y el de aquellos que nos conciernen? ¿Hasta qué punto se pone en juego nuestro futuro como sociedad?
Tenemos respuestas –seguramente- a estas preguntas. Una y otra vez nos las hemos hecho, y una y otra vez hemos llegado a la misma conclusión. Incluso hemos encontrado que muchos otros comparten la o las respuestas que a ellas tenemos.
Veamos algunas:
-“A quién le importa votar, si todo sigue igual. A los únicos que beneficia es a ellos… los de siempre…los políticos”.
-“¿Qué se vota? No hay ideas, no hay imaginación, no hay propuestas. Solo hay luchas por el poder y ellos necesitan gente sin instrucción y pobres para poder manipular mejor su voluntad”
-“No sé, ni me interesa… Ni siquiera conozco quienes son los candidatos. Yo tengo que trabajar, de eso depende mi bienestar y el de mi familia. No puedo darme el lujo de perder tiempo. Y menos para nada”
-“¿La democracia..? La democracia es para los que tienen … ellos tienen libertad, tienen derechos…”
-“Voto para evitar problemas … A nosotros no nos sirve. Cuando necesitan el voto, nos vienen a ver, nos dan cosas y nos preguntan que necesitamos… Después…nada. No tenemos obligación. ¿Responsabilidades? ¿Porqué?.. si no nos reconocen nuestros derechos.”
-“No es el voto lo que traerá cambios. La lucha popular, las manifestaciones y la protesta social son las únicas vías de cambio.”
No obstante la fuerte presencia entre nosotros de estas respuestas, los datos electorales permiten aún una lectura esperanzada frente al ejercicio de opción por parte de la ciudadanía mediante el instrumento del voto. El escepticismo electoral se entremezcla con el reconocimiento del voto como el único mecanismo legítimo y legitimado de recambio de autoridades políticas gubernamentales y también como el mínimo de democracia que a toda costa se debe resguardar.
Sin embargo, el debilitamiento en la creencia de la población respecto a la virtualidad plena del voto como herramienta democrática es también un hecho. Aclaremos los términos: el voto como ejercicio de opción y el voto como herramienta democrática.
El primero es el derecho a elegir entre opciones dadas (candidatos, propuestas, visiones o ideologías políticas) bajo reglas pre-establecidas, iguales para todos que garantizan la libertad de selección y decisión del ciudadano individual y de grupos de ciudadanos para proponer las opciones
El voto como herramienta democrática se tipifica por su función política de conformar un gobierno del Estado con calidad y capaz de conducir a la sociedad hacia un “bien-estar” generalizado: seguridad, desarrollo, igualdad y autodeterminación. En este sentido la participación electoral se transforma en obligaciones para con los otros y en una responsabilidad social. Como tal el voto no solo obliga a la competencia (capacidad) cívica individual del elector sino también a partidos y candidatos a encontrar las mejores propuestas, y al cumplimiento del compromiso político que por el voto se obligan en tanto representantes elegidos por los ciudadanos.
Podemos entonces comprender porqué por una parte el ejercicio del voto es irrenunciable para la mayoría de la ciudadanía y así lo manifestaría en caso de ver amenazada su vigencia, y por la otra no dudamos en afirmar la devaluación de su valor democrático. Es entonces la necesidad de resolver este problema la que nos coloca en la cuestión de la obligación política y de la responsabilidad social como aparente contracara del voto como derecho y manifestación de libertad individual.
Desde esta mirada, el voto en cuanto ejercicio individual de la libre expresión de mi elección frente a opciones dadas (ejercicio comicial) es un momento de un proceso continuo de formación y construcción de la ciudadanía, como una obligación y responsabilidad social de todos los que convivimos en una sociedad determinada y del cual dependerá la competencia cívica de electores y representantes.
En palabras de Kalberg (1993), las orientaciones de acción vinculadas a la ciudadanía moderna son la responsabilidad cívica, la confianza social, el igualitarismo y el individualismo orientado al mundo. La pregunta es bajo qué condiciones estas orientaciones llegan a ser subjetivamente aceptadas como válidas y generalizadas a través de la sociedad.
Sin duda el Estado tiene mucho que ver sobre la generación y sostenimiento de tales condiciones a través de instituciones, políticas públicas apropiadas, expansión del sistema educativo, políticas sociales promocionales y de apoyo al crecimiento y autonomía de miembros y familias pertenecientes a los sectores sociales menos favorecidos.
Pero nosotros como miembros de la sociedad, no tenemos menor responsabilidad. El desafío es asegurarnos una cultura ciudadana, atenta frente al estado pero también frente a nuestro propio accionar, que sea capaz de crear y expandir las prácticas democráticas tanto en la actuación de los organismos gubernamentales como en nuestra vida cotidiana, pública vecinal, en nuestro ámbito laboral, de estudio, y en las organizaciones sociales en las que participamos.
Comprometer nuestro accionar para ayudar a nuestros conciudadanos pobres, marginados, que viven su “subordinación” como “normalidad” y que consideran natural el sistema de jerarquías sociales al que deben someterse. Trabajar para revertir su modo de relacionamiento con el Estado basado en el clientelismo y el paternalismo y orientarlo en términos de ciudadanía, derechos y obligaciones.
Apropiarnos de nuestros derechos ciudadanos y activar modalidades y medios organizativos para que se hagan efectivos y se acorte la distancia entre su reconocimiento formal y el respeto estatal y social por los mismos.
La lista de lo que podemos hacer para asegurarnos “ciudadanía” como sociedad, puede ser interminable. En la medida en que más avancemos en esa dirección, mejor -y colectivamente- estaremos preparados para dar respuesta de fondo a las preguntas que nos hacemos una y mil veces, sobre por qué, para qué y para quién votar.
Por: Martha Diaz de Landa
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